Un total de 470 organizaciones de la sociedad civil europea, sindicatos y distintos grupos defensores del interés público^[i] han firmado una declaración^[ii] denunciando los planes de desregulación que está llevando a cabo la Comisión Europea^[iii]. Dichos planes incluyen el desmantelamiento de leyes que protegen derechos básicos de los ciudadanos como, entre otros, el derecho a la salud frente a los riesgos de las sustancias tóxicas. La declaración se presenta en la víspera del discurso anual sobre el estado de la Unión Europea^[iv] y en ella se denuncia que el Ejecutivo comunitario se ha embarcado a un “ritmo sin precedentes ”en una “nueva carrera hacia el abismo”, mediante la supresión o debilitamiento de normas “que protegen los derechos laborales y sociales, los derechos humanos, los derechos digitales y el medio ambiente”, todo esto para que la defensa del interés general de los ciudadanos no moleste a algunas grandes corporaciones en su obtención de más beneficios. Unas corporaciones a las que se pretende conceder un “papel preponderante en la elaboración de las leyes de la UE” supervisando o controlando la toma de decisiones, aún más que hoy en día, socavando seriamente la confianza en la democracia europea.

Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin tóxicos, que colabora con el European Environmental Bureau (EEB) en la difusión de estas problemáticas y que es una de las entidades firmantes, denuncia que “suprimir o aligerar el control público de una serie de actividades empresariales entraña riesgos importantes. Con la excusa aparentemente razonable de ‘simplificar^[v]’ la normativa y eliminar burocracia ‘superflua’, la agenda de desregulación^[vi] de la Comisión es un auténtico caballo de Troya que amenaza con desmantelar o debilitar algunas importantes leyes que hoy protegen la salud de millones de ciudadanos frente a los riesgos de las sustancias tóxicas a las que se exponen cotidianamente^[vii] y que, como alerta la comunidad científica, ocasionan un problema de salud pública de primer orden”. Los firmantes de la declaración subrayan que “las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están en la cuerda floja”.

Cambio de rumbo en la Comisión

En 2020 la Comisión presentó su Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad^[viii], con la que se comprometió formalmente a corregir las notables deficiencias que tiene la regulación de productos químicos de la UE. Pero las presiones de la industria química, intensificadas desde 2022 con la coartada de la crisis por la guerra de Ucrania^[ix], fueron haciendo variar la postura del Ejecutivo comunitario, consiguiendo que se retrasasen y quedasen en entredicho una serie de importantes iniciativas de mejora, como la adecuada revisión del Reglamento REACH, la principal ley de productos químicos de la UE. La postura de la Comisión también ha cambiado radicalmente en relación con los planes de reducción del uso de pesticidas, a pesar de que también se trataba de un compromiso formal contraído con la malograda Estrategia de la Granja a la Mesa del Pacto Verde europeo^[x]. Todo a pesar de que cuando se presentó tal estrategia en 2020, la propia Comisión reconocía expresamente que “todas las transiciones tienen un coste, pero el coste de la inacción sería aún mayor para todos nosotros” y que era necesario tener “un sistema alimentario más robusto, seguro y sostenible”.

En opinión de Carlos de Prada, “a lo que se asiste ahora con la desregulación es algo aún más grave. No se trata solo de no mejorar las deficientes normas existentes, sino del temerario desmantelamiento de las mismas al dictado de algunas grandes corporaciones, desoyendo la voz de la ciencia y de las entidades que defienden el interés público. Algo que podría equipararnos a países con bajísimos estándares de protección de la salud frente a los riesgos químicos^[xi], lo que representaría un retroceso de décadas”.

Ataque a la democracia

Como se denuncia en la declaración, la Comisión está destruyendo leyes que fueron aprobadas democráticamente con el compromiso de las fuerzas políticas de la UE, recurriendo para ello a procedimientos de urgencia que permiten que estos temas no se debatan debidamente en el Parlamento Europeo y soslayando así las posibles voces críticas. Algo que violaría los adecuados procesos democráticos de elaboración de normas y que, como denuncian los firmantes, puede llevar a una tolerancia con la corrupción y a un deterioro muy considerable de la democracia.

Las normas que están siendo atacadas son múltiples. Un ejemplo es la Directiva de diligencia debida de sostenibilidad corporativa^[xii]. También se han dado algunos pasos concretos para debilitar las normas que nos protegen frente a los riesgos químicos, como se ha visto en relación con una mayor permisividad en el control de algunas sustancias cancerígenas en los cosméticos^[xiii] o en la obligación de informar debidamente sobre los peligros de las sustancias tóxicas en el etiquetado de productos químicos tóxicos. Además, se están eliminando requisitos ambientales de la Política Agraria Comunitaria (PAC), lo cual puede tener consecuencias nefastas para el medio ambiente y la salud humana^[xiv].

Especialmente preocupante es, también, la anunciada “simplificación” de la normativa de pesticidas^[xv], así como otras medidas semejantes vinculadas con normativas ambientales^[xvi]. Al mismo tiempo, hay indicios preocupantes en relación a uno de los grupos de sustancias tóxicas que más estragos están produciendo en la UE, los PFAS o tóxicos eternos^[xvii], ya que la Comisión parece pretender que la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) no realice una adecuada evaluación de los riesgos de buena parte de estas sustancias peligrosas, lo cual sería preciso para una correcta regulación de las mismas. Todo a pesar del compromiso adquirido de regularlas debidamente^[xviii].

Costes futuros

Como denuncian las organizaciones firmantes, la Comisión esgrime el falaz argumento de que la desregulación mejorará la “competitividad” cuando, en realidad, el coste económico y social de dicha desregulación sería mucho mayor^[xix] que el de tener unas adecuadas reglas de juego, sin contar con el daño hecho a la democracia y a las normas que han de distinguir a una sociedad realmente avanzada. Por otro lado, como han señalado diferentes organizaciones, la regulación que se quiere eliminar o debilitar –como se ha visto con el Reglamento REACH de productos químicos u otras normativas– no ha supuesto hasta ahora ningún freno a la competitividad real de la industria europea^[xx] que, de hecho, es la primera exportadora de productos químicos a nivel mundial y en los que la UE tiene un notable superávit comercial^[xxi]. “La falsedad de que proteger a las personas y al medio ambiente hoy es demasiado costoso tendrá mañana un coste irreversible en nuestra salud, seguridad, derechos, igualdad y libertades”, sentencia la declaración.

La Comisión Europea ya ha dado pasos preocupantes en su agenda de desregulación. En 2024 anunció un Paquete para la Industria Química^[xxii] que incluía la reforma^[xxiii] de la normativa sobre sustancias químicas, aludiendo a su “simplificación^[xxiv]”. Previamente, el ejecutivo comunitario había apoyado la llamada Declaración de Amberes de 2024^[xxv], impulsada por las industrias más contaminantes de Europa, haciendo suyas algunas de las principales y más preocupantes propuestas de CEFIC^[xxvi], poderoso lobby de la industria química europea^[xxvii] que presentó un plan de 10 puntos de la industria^[xxviii] para “simplificar” la normativa y que servirían para retrasar enormemente o impedir la actuación sobre muchas sustancias tóxicas.

Más recientemente, el pasado mes de julio, la Comisión presentó el Plan de Acción de la Industria Química^[xxix], acogido con regocijo por la industria química europea^[xxx], que fue duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil por recompensar a los contaminadores “canalizando subsidios hacia el modelo de producción tóxico existente^[xxxi]” y que contempla, entre otras medidas, conceder autorizaciones más rápidas, a riesgo de que actividades altamente contaminantes no se sometan a controles adecuados.

EE.UU., uno de los beneficiarios

A los intereses de la industria química europea, una de las más poderosas del planeta, se unen también los de otras zonas del mundo, como los de Estados Unidos, que chantajea con los aranceles para, por ejemplo, poder exportarnos productos alimentarios que hoy la legislación de la UE no considera saludables como, por ejemplo, la carne hormonada o alimentos contaminados con residuos de pesticidas prohibidos en la UE^[xxxii]. La industria química de EE.UU. también tiene fuertes intereses en los PFAS, los “tóxicos eternos” que han contaminado vastas extensiones de Europa. No verían con buenos ojos que la UE adoptase medidas que restringiesen demasiado estas sustancias contaminantes^[xxxiii].

Pero, como se revela también en la declaración, no solo están en riesgo normas ligadas a la política de productos químicos, también lo están otras relacionadas con la lucha contra la corrupción, el trabajo en condiciones, la privacidad digital, etc^[xxxiv]. Es lo que se está viendo, por ejemplo, con el recorte de derechos y protecciones sociales y laborales^[xxxv], con el control de las actividades financieras y bancarias o, por no citar más, con el debilitamiento de Reglamento General de Protección de Datos, pilar de la normativa digital de la UE, de modo que, como se denuncia en la declaración, ello puede llevar a que “los datos sensibles de las personas podrían procesarse sin protección”. Del mismo modo, se fraguan retrocesos en el control de los riesgos de la IA^[xxxvi].

Contra tal proceso de desregulación, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los legisladores de la UE y nacionales para que protejan y promuevan los derechos consagrados en la Carta de la UE y la normativa internacional de los derechos humanos. Solicitan la aprobación de normas que garanticen una mayor protección del bienestar social, de los derechos de los trabajadores y los consumidores. Que se promueva el imperio de la ley con leyes justas, así como la defensa del medio ambiente y la lucha contra las sustancias tóxicas, la privacidad y la protección de datos, exigiendo más transparencia y rendición de cuentas a las empresas y no menos. También, entre otras cosas, se pide que se refuerce la protección de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los activistas^[xxxvii].

Bibliografía

[i]La declaración está encabezada por entidades defensoras del interés público, como  la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (FSESP), la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), Amigos de la Tierra Europa (FoEE), la Iniciativa Europea de Derechos Digitales (EDRi), Global 2000, Climate Action Network (CAN) y Corporate Europe Observatory. Además de numerosas organizaciones de protección de los derechos humanos, de la salud y del medio ambiente, sindicatos, consumidores, agricultores, de defensa de los derechos digitales, de lucha contra el hambre y la pobreza, etc.