Decenas de organizaciones ambientales alertan contra los lobbies tóxicos en la UE tras el nuevo escándalo de los PFAS
La Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) está elaborando en estos momentos una propuesta sobre la posible prohibición de los PFAS.
Un total de 94 organizaciones de la sociedad civil han dirigido hoy una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su “indignación” por la influencia que están teniendo sobre el ejecutivo comunitario los "lobbies" de la industria que pretenden evitar que se prohíban los PFAS o “tóxicos eternos” en un momento en que se está estudiando su posible restricción. Unas sustancias que, según señalan, han generado, probablemente, “la crisis de contaminación más grave de la historia de la humanidad”. Critican que la Comisión esté cediendo ante las tácticas de presión y desinformación interesada de las empresas que se benefician con la comercialización de tales sustancias peligrosas, que emplean tácticas similares a las que en su día emplearon las industrias del tabaco, poniendo en peligro la defensa de la salud humana.
Como denuncia Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, una de las entidades firmantes de la carta dirigida a Von der Leyen, “los poderes públicos no deben ser secuestrados por los intereses de unas cuantas multinacionales, sino defender el interés general. Pero una serie de grandes empresas tienen más recursos que la ciencia o la ciudadanía para influir en los políticos europeos. Miles de lobbistas de la industria circulan libremente por los pasillos de las instituciones de la UE”. La situación es especialmente preocupante ahora que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) está haciendo un análisis científico y socieconómico de una ambiciosa propuesta para prohibir la producción y uso de muchos PFAS en la UE, exceptuando solo algunas aplicaciones que sean de extrema necesidad para la sociedad y no tengan alternativas más seguras.
Cortafuegos
Actualmente, la Comisión no tiene reglas específicas establecidas para proteger la independencia del proceso de toma de decisiones en torno a este asunto. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil instan a que se establezca un "cortafuegos" que impida que tales industrias puedan seguir influyendo en la Comisión en contra del interés general. La propuesta inicial de prohibición de los PFAS vio la luz en 2022 a iniciativa de 5 países de la UE y desde un primer momento el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC), que entonces reconocía invertir casi 10 millones de euros al año en actividades de lobby vis-à-vis ante los funcionarios europeos, comenzó a movilizarse haciendo previsiones catastrofistas de lo que supuestamente sucedería si estas sustancias se restringían. Posteriormente la labor de presión de diferentes actores ha proseguido, intensificándose hasta hoy.
El detonante
El detonante de la carta de las organizaciones civiles ha sido el escándalo originado recientemente a raíz de las revelaciones del consorcio internacional de periodistas del Proyecto Forever Lobbying que, en colaboración con Corporate Europe Observatory, ha desvelado las tácticas de presión y desinformación que la industria ha ejercido sobre la Comisión con el objetivo de hacer fracasar la propuesta europea de restringir severamente la producción y uso de los PFAS. Tácticas similares a las que en su día, contra la ciencia, emplearon las empresas tabacaleras para negar los efectos nocivos del tabaco o las industrias de los combustibles fósiles dentro de su estrategia de negacionismo del cambio climático. En opinión de Carlos de Prada, "quien puede intoxicar el medio ambiente y nuestros organismos con sustancias perjudiciales -por ejemplo, a través del agua potable o los alimentos- puede no tener reparos tampoco a la hora de intoxicar las mentes de los políticos europeos con información engañosa para poder seguir haciéndolo. Desinformación tóxica, porque consigue centrar la atención de los políticos en proteger los intereses particulares de esas empresas y no, como debieran, en evitar una contaminación que nos afecta a todos".
Información engañosa
Según las revelaciones del Proyecto Forever Lobbying, buena parte de la estrategia de manipulación de la industria se habría orientado a presionar a los políticos con información engañosa, falsa y/o exagerada acerca de las supuestas consecuencias negativas que, a nivel económico, tendría una restricción de las citadas sustancias perjudiciales. Todo ello pasando por alto interesadamente las evidencias mostradas por la comunidad científica y el coste muchísimo más elevado que para toda la sociedad tendría no restringirlas. Un coste que alcanza cifras estratosféricas. Según el proyecto citado, solo limpiar la contaminación heredada generada por los PFAS podría costar más de 100.000 millones de euros anuales, a los que habría que sumar costes sociales como los entre 58.000 y 84.000 millones de euros anuales solo por algunos costes de atención médica derivados de la exposición a estas sustancias, según el informe que en su día elaboró el Consejo Nórdico de Ministros. Datos del Corporate Europe Observatory muestran que el año pasado, en conjunto, los mayores productores de PFAS aumentaron su gasto en labores de lobby en la UE en un tercio "desesperados por mantener el status quo de la contaminación con fines de lucro". En el caso de Chemours (empresa derivada de DuPont), el grupo más activo, se habría más que duplicado con creces su gasto declarado en actividades de lobby en el último año.
En la misiva dirigida a Von der Leyen, las organizaciones califican de "alarmantes" las señales que indican que la nueva Comisión Europea está cediendo a las presiones pretendiendo descuidar la protección de la salud pública y del medio ambiente, relajando el control de la contaminación química para favorecer los intereses particulares de unas pocas grandes empresas.
Cambio de rumbo
Según Dolores Romano, responsable de Polìticas de Productos Químicos del European Environmental Bureau (EEB), se ha pasado de la promesa formal de actuar contudentemente contra la contaminación química, tal y como se recogía con claridad en el Pacto Verde y la Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad, a que la Comisión muestre una posición menos clara. Todo en un contexto en el que la industria presiona a favor de una menor regulación". Los PFAS son sustancias tóxicas que han originado un creciente y preocupante nivel de contaminación del medio ambiente y de las personas a escala global. De hecho, ya pueden ser detectados de forma generalizada en el organismo de los europeos. Según la Endocrine Society, han sido vinculados a problemas de salud como cáncer, alteración de los niveles de colesterol, de la función tiroidea, de la respuesta inmunitaria o de la función hepática y renal, además de dañar la salud reproductiva e incrementar el riesgo de defectos congénitos.
Las organizaciones piden a Von der Leyen que no permita que se diluya la actual propuesta de una restricción universal de los PFAS, y para ello señalan que es esencial que se habilite el "cortafuegos" antes citado a fin de preservar la integridad y transparencia de las instituciones frente a los grupos de presión. De ese modo, según señalan, se podrá "asegurar que la toma de decisiones sobre los PFAS se centra en la protección de las personas y el medio ambiente, guiada por la ciencia independiente y los hechos, y no por la desinformación de la industria química". Para ello se deberían restringir las reuniones con los grupos de presión que buscan exclusiones y exenciones para los PFAS, haciéndose públicas y registrándose en actas. Son precisos foros transparentes que permitan refutar la manipulación de las grandes corporaciones. Como comenta Carlos de Prada "no se debe tolerar que la decisión sobre los PFAS se base en la desinformación interesada que generan las industrias, sino en la ciencia y en la defensa del bien común. Si no es así, no solo se envenenará aún más nuestros alimentos y nuestra agua, sino también una democracia que no debiera estar sometida a los designios de unos cuantos intereses privados sino al bien de la ciudadanía".
Contaminadores
Para las organizaciones firmantes, "la conclusión es clara: el modelo legal e industrial actual protege a los contaminadores de la rendición de cuentas mientras carga a la sociedad con los costos devastadores de sus acciones". Como apunta Carlos de Prada, "estas pocas grandes empresas tratan de engañar diciendo que es ‘bueno’ para la economía no actuar debidamente contra la contaminación, cuando únicamente es bueno para sus beneficios particulares pero ruinoso para la economía y la salud de las naciones. Los costes los paga el ciudadano de a pie, con su salud y su bolsillo". Por todo ello, los firmantes de la carta piden a Ursula von der Leyen que "exija responsabilidades a los contaminadores, aplicando el principio de que quien contamina paga, haciendo que las empresas químicas paguen por la contaminación que causan".
Hay alternativas
Los firmantes comentan que existen alternativas y que "Europa tiene la oportunidad de liderar el mundo convirtiéndose en el primer continente libre de PFAS, dando ejemplo de una economía libre de tóxicos, con más futuro y competitiva. Como representantes de la sociedad civil en toda Europa, les instamos a actuar con audacia y claridad moral". Desde su introducción en la década de 1950, los PFAS han venido siendo vastamente empleados de modo que, bien por ser liberados desde las fábricas o desde los productos que los portan, han "envenenado Europa” de forma extensa, como se denuncia en la carta dirigida a Von der Leyen o en las revelaciones de "Forever pollution", que en 2023 identificó 23.000 lugares contaminados con PFAS solo en Europa. Hoy son prácticamente omnipresentes, por ejemplo, en el agua de todo el planeta, incluidas las aguas superficiales, subterráneas y potables. De hecho, se considera que el agua del grifo es, precisamente, junto con algunos alimentos, una de las principales vías por las que estas sustancias tóxicas llegan al cuerpo humano.
