Glifosato: España apuesta por la renovación de su licencia mientras la UE sigue buscando el consenso
El Gobierno español ha reafirmado en Bruselas su apoyo a la renovación de la autorización del herbicita glifosato sin obtener el consenso en el seno de la Comisión Europea.
La votación celebrada entre los países miembros arrojó catorce votos a favor de la renovación del permiso del glifosato por cinco años más (entre ellos España), nueve en contra (entre ellos Francia), y cinco abstenciones (incluida Alemania). La Comisión Europea necesita una mayoría cualificada para alcanzar un acuerdo, que no se puede lograr sin el apoyo de los países con mayor población. El hecho de que Francia votase en contra ha resultado determinante para que se pudiera invalidar esa mayoría a favor del permiso.
Al no existir consenso a nivel europeo, España podrá seguir comercializando por ahora el glifosato hasta el año 2022. Mientras, la Unión Europea dispondrá de un plazo de 18 meses para conseguir más apoyos de los países miembros para renovar la licencia del glifosato, que expira el próximo 15 de diciembre; si no lo logra, el herbicida no podrá ser comercializado en los países que conforman la UE.
La votación ha provocado que asociaciones como FACUA muestren su total desacuerdo con el Gobierno español ante lo que consideran un herbicida peligroso para la salud, no sólo por su toxicidad, que ha sido vetado en Barcelona (2015) y en la Comunidad de Madrid (2016), dado que los países, regiones o ciudades pueden vetar su uso de forma interna. La utilización de este componente químico fue declarada en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como “potencialmente cancerígeno”, aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ve “improbable” la vinculación del glifosato con el cáncer en humanos.
Lo cierto es que sigue siendo uno de los herbicidas más usados en el mundo, sobre todo en la agricultura y en la jardinería; de hecho, numerosas asociaciones europeas de agricultores y granjeros (entre ellas Copa-Cogeca, la principal agrupación de productores agrícolas del continente) han venido mostrando su apoyo a los productos herbicidas que contienen este componente químico y han solicitado que la renovación se extienda 15 años, hasta 2030. Organizaciones ecologistas y de otros ámbitos de la sociedad civil se oponen a la prórroga, y más de un millón de personas ha firmado una petición en este sentido en forma de iniciativa ciudadana presentada ante la Comisión Europea.