Un informe cifra por primera vez el coste sanitario global de cuatro tipos de tóxicos relacionados con los alimentos: entre 1,4 y 2,2 billones de dólares anuales

Solo en Europa, se atribuye al uso de pesticidas, bisfenoles, ftalatos y PFAS una factura de 496.000 millones por problemas de salud relacionados con la exposición continuada a dichas sustancias.

Un grupo de científicos internacionales ha calculado por primera vez el coste global que supone el uso masivo de cuatro familias de tóxicos vinculados a la alimentación: pesticidas, PFAS, ftalatos  y bisfenoles. Exponen sus conclusiones en un extenso informe titulado Ingredientes invisibles. Combatir las sustancias químicas tóxicas en el sistema alimentario, en el que ponen sobre la mesa una cifra abrumadora: solo el coste sanitario es de entre 1,4 y 2,2 billones –billones europeos– de dólares a escala global (496.000 millones en Europa). El documento además hace una estimación de la factura económica que generan los daños al medio ambiente, lo que eleva el monto total a unos 3 billones de dólares. Son datos que vienen a poner cifras a los mensajes de alerta que lleva décadas lanzando la comunidad científica independiente.

El responsable de la iniciativa Hogar sin tóxicos, Carlos de Prada, autor del libro recientemente publicado Cómo comer sano en un mundo tóxico, destaca la enorme importancia de este estudio porque “en un mundo en el que parece que el dinero importa más que la salud de las personas, por primera vez se pone sobre la mesa el alcance global que puede llegar a tener en términos económicos la presencia de una serie de contaminantes químicos en la cadena alimentaria. Lo más relevante es que muestra que no solo puede tener graves consecuencias para la salud humana y la de los ecosistemas, sino también ser ruinoso para la economía de los países, lo cual deja en evidencia la falacia de algunos argumentos que la industria suele utilizar”.

En ese sentido, el director de Hogar sin tóxicos explica que “como se denuncia en el informe, la industria suele presentar cuentas trucadas que exageran los supuestos beneficios del uso de una serie de sustancias mientras minimizan el alcance de los daños que producen, a fin de que las sustancias tóxicas no sean debidamente reguladas. Lamentablemente, como se está viendo ahora con los planes de desregulación en marcha en la UE, algunas instancias políticas están cediendo ante esas presiones en lugar de prestar oídos a la ciencia”.

Según revela el informe, entre los efectos que generan un mayor coste sanitario figuran trastornos del desarrollo, mortalidad prematura por cualquier causa, cáncer, enfermedades metabólicas o enfermedades circulatorias. La caída de la fertilidad asociada a contaminantes químicos relacionados con los alimentos merece un capítulo especial, ya que podría llegar a tener efectos demográficos relevantes. A pesar de ser una estimación conservadora, en el informe se estima que podrán perderse unos 525 millones de nacimientos en todo el mundo, 15 millones de ellos en Europa, entre 2025 y 2100 debido a sustancias químicas tóxicas.

Coste por cada tipo de sustancia

Haciendo el desglose por cada grupo de sustancias, los pesticidas serían responsables de una factura sanitaria de unos 816.000 millones de dólares anuales, por daños como los generados en el desarrollo neurológico que reducen el potencial cognitivo y la productividad a largo plazo. A los PFAS se les atribuye un coste estimado de unos 609.000 millones, sobre todo a causa de trastornos metabólicos, disfunción inmunitaria y algunos tipos de cáncer; a los ftalatos, 533.000 millones, especialmente por problemas reproductivos que podrían requerir tratamientos de fertilidad, enfermedades metabólicas y mortalidad precoz; y a los bisfenoles, 227.000 millones por problemas como enfermedades circulatorias y obesidad infantil.

El informe ha sido publicado por el think-tank internacional Systemiq y realizado con la colaboración de numerosos expertos, entre los que se cuentan prestigiosos científicos de diferentes países y disciplinas que han trabajado en instituciones como la Universidad de California, la Universidad Duke, el Boston College, el National Institute of Environmental Health Sciences, el National Toxicology Program (EE.UU.), el Centre Scientifique de Monaco (Francia) o la Universidad de Sussex (Reino Unido).

Los autores señalan que, a pesar de lo impresionante de las cifras, la valoración que hacen puede estar subestimando los costes reales. Explican que “los costos reportados cubren solo un rango limitado de efectos sobre la salud donde la evidencia es más sólida; y que dentro de cada grupo de tóxicos solo se analizaron una o dos subclases”. Como consecuencia, “se espera que la carga real de exposición a todas las sustancias químicas tóxicas y sus mezclas sea sustancialmente mayor”, advierten. Los científicos subrayan que “la exposición a sustancias químicas tóxicas es un factor importante, aunque prevenible, en las enfermedades no transmisibles” y hacen hincapié en que los daños causados “son demasiado graves como para ignorarlos”.

No actuar saldrá más caro

Según Carlos de Prada, “sería bueno que las autoridades nacionales y europeas tomasen nota, especialmente en estos tiempos en los que una serie de intereses presionan para desregular y desproteger aún más la salud frente a los tóxicos alimentarios. El informe pone de relieve una evidencia clara: no hacer nada es la opción más costosa en términos puramente económicos”. Carlos de Prada enfatiza que “el problema surge cuando se prima el interés a corto plazo de unas cuantas grandes empresas sobre el beneficio económico de toda la sociedad. Eso dejando a un lado que la salud de las personas, por sí misma, debería importar más que el dinero”.

Los perjuicios ecológicos, por su parte, podrían superar los 600.000 millones de dólares anuales, aunque el informe aclara que esa cifra recoge solo una parte muy limitada de todos los impactos posibles en el medio ambiente. El documento concluye que los pesticidas, bisfenoles, ftalatos y PFAS “representan una amenaza oculta para la salud, las economías y los ecosistemas mundiales” y condicionan fuertemente el sistema alimentario moderno: pesticidas y fertilizantes de síntesis en cultivos convencionales; tóxicos en el procesamiento o envasado, o contaminantes en el suelo, agua y aire, que se integran en la cadena alimentaria. Advierte además que “si no se toman medidas, los costes aumentarán con el tiempo”.

El documento critica que no se esté actuando para prevenir estos daños cuando, a nivel global, un 70% de los costes derivados del impacto negativo de esos tóxicos químicos podrían ahorrarse adoptando una serie de medidas viables y disponibles. Los autores del informe argumentan que salir de la “trampa de la toxicidad” generada por la dependencia de esas sustancias peligrosas generará enormes beneficios económicos. Para lograrlo, proponen algunas medidas concretas, e insisten en que es esencial establecer unos plazos de eliminación gradual claros y vinculantes para las sustancias tóxicas, y que tal eliminación “no solo es un imperativo ambiental y sanitario, sino también una prometedora oportunidad económica” ante las nuevas oportunidades de negocio que se abrirían.

Es posible reducir

Carlos de Prada recalca que la viabilidad de las reducciones significativas de tóxicos y los beneficios económicos netos que generarían se ve de forma especialmente clara en el caso de los pesticidas. Así, en el informe se afirma que “en la UE, una reducción del 80% en el uso de plaguicidas sintéticos para 2040 es realista con las herramientas actuales, siempre que se cuente con los incentivos, los sistemas de asesoramiento y los marcos regulatorios adecuados”. Comparado con el coste de no actuar, el coste de hacerlo es minúsculo: si la factura sanitaria y ambiental de no reducir el uso de pesticidas cuesta 100, el coste de reducirlos estaría en torno a 3,5, según este informe. En el caso de la eliminación del empleo de los PFAS en algunos usos, la relación sería de 100 contra 1.

A la hora de analizar el coste económico de los daños ambientales, el documento destaca que “los productos químicos tóxicos están socavando los cimientos ecológicos del sistema alimentario”, comprometiendo su resiliencia a largo plazo. Se dañan severamente servicios ecológicos irremplazables, como la polinización o la purificación de las aguas, y se contaminan los suelos, alterando las complejas comunidades de seres vivos que los habitan y propiciando además una disminución de la productividad agrícola. 

El informe señala también que, si se tuvieran que tratar las aguas para cumplir a nivel mundial con los estándares de calidad que establece la UE para pesticidas y PFAS, el coste podría ascender a más de 600.000 millones de dólares anuales. A ello habría que sumar otros 40.000 millones en pérdidas agrarias globales por la contaminación y la merma de productividad. No obstante, de modo similar a lo que sucede con los daños a la salud, los científicos recalcan que las estimaciones realizadas hasta el momento sobre los costes ecológicos son conservadoras. Es más, afirman que solo representan la “punta del iceberg”.

Marcos peligrosamente permisivos

Se apuntan también otros datos como que, a escala global, un 80% de los suelos agrícolas contienen residuos de pesticidas; que un 20% de las especies que están en la lista roja de especies en peligro de extinción lo están por factores entre los que se cuenta la bioacumulación de sustancias tóxicas en su organismo; o que cerca de 550 millones de aves han desaparecido a causa de la pérdida de recursos tróficos por el uso de pesticidas.

Como se dice en el documento, “si bien la conciencia sobre los impactos de las sustancias químicas industriales en la salud y el medio ambiente está creciendo, los marcos diseñados para gestionarlas siguen siendo peligrosamente permisivos”. El informe denuncia deficiencias en la legislación que llevan a que no se aborde debidamente el problema de contaminantes como los ftalatos y bisfenoles; que un inadecuado sistema de ayudas a la agricultura convencional está dificultando que se reduzca el uso de pesticidas, o el elevadísimo coste que representa no actuar frente a retos como el generado por contaminantes persistentes como los PFAS. Además, describe muy crudamente la ineficiencia del sistema actual, muy influido por los intereses cortoplacistas de la industria, que realiza intensas campañas de lobby exagerando los costes económicos de adoptar medidas mientras “minimizan los daños a largo plazo del statu quo y los beneficios potenciales del cambio”.

“Estos datos deberían hacer reflexionar a todos los actores que de una manera o de otra influyen en la regulación de una serie de sustancias tóxicas relacionadas con la alimentación. El coste de este modelo es enorme en todos los sentidos. Este informe viene a demostrar que, lejos de ser beneficioso para la economía, el uso de esos productos químicos sintéticos genera una enorme factura que es urgente comenzar a reducir”, concluye De Prada.

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